Economía social

 

La Economía Social se definió jurídicamente en España con la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, publicada en el BOE de 30 de marzo de 2011, estableciendo el marco jurídico que le otorga reconocimiento, visibilidad y seguridad jurídica a la realidad de las distintas entidades que la integran.

 

La Economía Social es el conjunto de actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, conforme a una serie de principios orientadores, persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos.

 

Forman parte de la economía social las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación y las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los principios orientadores. Sin embargo, no es una relación exhaustiva y podrán considerarse como tales aquellas que realicen actividad económica y empresarial y cuyas reglas de funcionamiento respondan a los principios orientadores correspondientes.

 

Principios orientadores de la Economía Social:

  • Primacía de las personas y del fin social sobre el capital
  • Gestión autónoma y transparente, democrática y participativa
  • Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica, en función del trabajo aportado al servicio o actividad realizada, al fin social
  • Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad
  • Compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades, la cohesión social, la inserción, la generación de empleo, la conciliación y corresponsabilidad y la sostenibilidad
  • Independencia respecto a los Poderes Públicos

 

Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social

Ley 6/2016, de 4 de mayo, de la Economía Social de Galicia

Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social.

 

La Ley 31/2015, de 9 de septiembre, publicada en el BOE N. 217, de 10 de septiembre de 2015, entró en vigor a los 30 días desde su publicación en el BOE.

Esta normativa tiene entre sus objetivos el fomento del emprendimiento colectivo y el apoyo e impulso a la Economía Social.

Economía Social que es, además, fuente de creación de empleo estable, de calidad y no deslocalizable y que es una importante plataforma de acceso al empleo para aquellos que, por sus especiales circunstancias, encuentran mayores dificultades de inserción laboral y/o que se encuentran en riesgo de exclusión social.

En el ámbito de la Economía Social, para continuar con las políticas de promoción y apoyo, en el texto de la Ley 31/2015 se incluyen novedades como el reconocimiento de los Centros Especiales de Empleo como entidades prestadoras de Servicios de Interés Económico General (SIEG).

Este reconocimiento supone que las subvenciones concedidas a estas entidades estén sometidas ahora al Reglamento 360/2012 de la Comisión, de 25 de abril de 2012, y puedan alcanzar los 500.000 € en un período de tres años, cuando antes el máximo era de 200.000 € en el mismo periodo de tiempo.

Se trata, además, de una declaración respaldada por la propia Comisión Europea, que considera la inclusión social y laboral como un Servicio de Interés Económico General, y estas entidades son las que centran precisamente su actividad en los colectivos más desfavorecidos y en torno al concepto del empleo protegido.

Asimismo, se ha diseñado en el marco del periodo de programación del Fondo Social Europeo 2014-2020, el Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social de ámbito nacional. Un programa que es una novedad en nuestro país en lo que al apoyo de la Economía Social se refiere y que estará dotado con casi 1.200 millones de euros en coste total.

La Ley 31/2015, en su artículo tercero, modifica la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social y se añade un apartado 4 al artículo 5, con la siguiente redacción:

  • “Se declaran entidades prestadoras de Servicios de Interés Económico General, los Centros Especiales de Empleo y las Empresas de Inserción, constituidas y calificadas como tales según su normativa reguladora.”

De esta forma, se reconoce a los CEE como una fuente de creación de empleo para aquellas personas con mayores dificultades para acceder al mercado laboral.