Medidas alternativas y la cuota de reserva 2% en favor de trabajadores/as con discapacidad

 

Información general

Las empresas públicas y privadas que tengan en plantilla 50 o más personas trabajadoras contratadas, deben cumplir la cuota de reserva en favor de personas con discapacidad prevista desde la LISMI en el año 1982 y ahora recogida en el artículo 42 del REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

Esto supone que el 2% del personal total (con independencia de los centros de trabajo que tenga la empresa o el tipo de relación laboral que los vincula) tendrán que ser personas con discapacidad. Se incluyen en el cómputo a aquellas personas que están contratadas a través de contratos de puesta a disposición.

En algunos casos (si se consigue la declaración de excepcionalidad), las contrataciones pueden ser suplidas si se adopta alguna de las medidas alternativas.

 

Las Medidas Alternativas

  1. Contrato mercantil o civil con un CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO (o trabajador/a autónomo con discapacidad), para el suministro de material o servicios, por importe de 3 veces el IPREM anual por cada trabajador/a con discapacidad dejado de contratar por debajo del 2%.
  2. Donación o acciones de patrocinio de carácter monetario a favor de ASOCIACIONES O FUNDACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA, por importe anual mínimo de 1,5 veces el IPREM por cada trabajador/a con discapacidad dejado de contratar por debajo del 2%.
  3. Constituir un ENCLAVE LABORAL con un CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, por importe anual mínimo del contrato de 3 veces el IPREM anual por cada trabajador/a con discapacidad dejado de contratar por debajo de la cuota de reserva.

Pasos a seguir

Los supuestos para quedar exentos del cumplimiento de la cuota de reserva:

  • A través de acuerdos recogidos en la negociación colectiva sectorial.
  • Por opción voluntaria del empresariado si concurre la nota de excepcionalidad.

La Declaración de excepcionalidad

Cuando concurre la nota de excepcionalidad y modo de acreditarla.

  • Por imposibilidad de que los Servicios Públicos de empleo competentes, o agencias de colocación, puedan atender la oferta de empleo presentada por el empresario tras efectuar todas las gestiones de intermediación necesarias pero o no existen demandantes de empleo con discapacidad inscritos en dicha ocupación o, existiendo, éstos acrediten no estar interesados en las condiciones de trabajo ofrecidas en la oferta.
  • Exista y se acredite por la empresa obligada, cuestiones de carácter productivo, organizativo, técnico o económico que motiven especial dificultad para incorporar trabajadores/as con discapacidad en la plantilla de la empresa.

Los Servicios Públicos de empleo podrán exigir a la empresa, que aporte certificaciones o informes de entidades públicas o privadas de reconocida capacidad, distintas de la empresa solicitante.

 

Cómo se solicitan

Las empresas presentarán una solicitud conjunta de la declaración de excepcionalidad y la medida elegida a los Servicios Públicos de empleo competentes, con carácter previo a la adopción de las medidas alternativas, que se resolverá en la misma resolución administrativa en el plazo de dos meses desde la fecha de presentación de la solicitud; en caso de silencio administrativo, será positivo.

La declaración de excepcionalidad obtenida tendrá una validez de tres años, tras los cuales las empresas que aún tengan obligación de cumplir la cuota de reserva, deberán solicitar una nueva declaración.

En la elección de la medida, se tendrá que expresar:

– En el caso de optar por las medidas alternativas 1 y 2:

  • El contratista.
  • Objeto del contrato.
  • Nº de trabajadores/as con discapacidad a los que equivale la contratación.
  • Importe de la medida.
  • Duración de la medida.

– En el caso de optar por la medida alternativa 3:

  • Identificar la fundación o asociación de utilidad pública destinataria.
  • Nº de contratos con trabajadores/as con discapacidad a los que se vaya a sustituir.
  • Importe de la medida.

– En el caso de optar por un enclave laboral:

  • Datos identificativos del centro especial de empleo con el cual se suscribirá el contrato.
  • Nº de trabajadores/as con discapacidad del enclave laboral.
  • Nº de trabajadores/as con discapacidad dejados de contratar por debajo de la cuota del 2% a los que equivalen.

 

Reglas para el cómputo de la cuota 2%

– El periodo de referencia para dicho cálculo serán los 12 meses inmediatamente anteriores, de los cuales se obtendrá el promedio de trabajadores/as empleados/as incluidos los/las contratados/as a tiempo parcial, en todos los centros de trabajo de la empresa.
– Los trabajadores/as vinculados/as por contratos de duración determinada por tiempo superior al año, se anotarán como trabajadores/as fijos/as de plantilla.
– El personal contratado por tiempo igual o inferior al año se computa según los días trabajados en el período de referencia. Cada 200 días o fracción se computarán como un trabajador/a fijo/a más.

Cuando el cociente que resulte de dividir por 200 el número de días trabajados en el citado período de referencia sea superior al número de trabajadores/as que se computan, se tendrá en cuenta como máximo, el total de estos/as trabajadores/as.

A efectos del cómputo de los 200 días trabajados, se contabilizarán tanto los días efectivamente trabajados como los de descanso semanal, días festivos y vacaciones anuales.

 

Consideración de personas con discapacidad y acreditación del grado de grado de discapacidad

  • Personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por los Equipos de Valoración y Orientación (EVO)
  • De acuerdo con el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, se consideran afectadas por un grado de discapacidad igual o superior al 33% las personas pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en grado de total, absoluta y gran invalidez y las personas pensionistas de clases pasivas que tengan una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

En ambos casos, la acreditación del grado de discapacidad se realizará conforme a lo previsto en el Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la consideración de persona con discapacidad para los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

 

Notas

IPREM ANUAL 2017: 6.454,03 euros

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA: Su objeto social deberá ser, entre otros, la formación profesional, la inserción laboral o la creación de empleo a favor de las personas con discapacidad, incluidas las acciones destinadas a proyectos dirigidos al desarrollo del deporte paralímpico.