En un momento clave para el futuro de la economía social en España, Cegasal quiere poner el foco en la importancia de distinguir, reconocer y defender el modelo de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS). Porque no todos los empleos son iguales, ni todas las empresas que contratan personas con discapacidad lo hacen desde la misma ética, la misma finalidad ni con los mismos resultados sociales.
La nueva Ley Integral de la Economía Social, actualmente en proceso de tramitación parlamentaria, abre una oportunidad decisiva para clarificar que tipo de entidades deben formar parte de este modelo económico comprometido con el bien común. Junto con entidades como CEPES, el CERMI, FEACEM o la ONCE, Cegasal defiende que los CEEIS deben estar claramente reconocidos como actores esenciales de la economía social, ya que son los únicos que cumplen de manera plena con sus principios: primacía de las personas, ausencia de lucro, reinvestimento de los beneficios, compromiso con el territorio y gobernanza participativo.
A diferencia de los Centros Especiales de Empleo con Ánimo de Lucro, los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social no buscan maximizar beneficios a través del empleo de personas con discapacidad. Su finalidad última es la transformación social y la inclusión real, acompañando a las personas en sus itinerarios laborales y vitales, con recursos, cuidado y estabilidad. Este modelo no solo crea empleo: construye futuro con dignidad. Su eficacia no se mide en márgenes de rentabilidad, sino en puertas que se abren, talentos que crecen y vidas que cambian.
Su presencia tiene impacto directo en los barrios, en las familias y en la economía local. Por eso, su defensa no es una cuestión interna del sector: es una cuestión de país, de modelo social, de democracia económica.
Desde Cegasal, apoyamos sin fisuras la propuesta de que solo los CEEIS puedan formar parte del reconocimiento legal como entidades de economía social, tal y como ya recogen la Ley de Contratos del Sector Público y sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. Esta diferenciación jurídica no excluye a ningún otro centro del mercado, pero sí garantiza que las políticas públicas y los apoyos se dirijan a quién realmente trabaja por la inclusión y no por la cuenta de resultados.
En un tiempo de transición e incertidumbres, reafirmamos nuestro compromiso con un modelo que pone a las personas en el centro y trabaja por la inclusión real de las personas con discapacidad.